viernes, 24 de noviembre de 2017



REMEDIOS BOCANEGRA, EXPERT IN FOREIGNERS MATTER JOINS DAVILA Y ASOCIADOS IN MARBELLA.

 
  

Remedios Bocanegra, expert in foreigners matter will be in charge of Foreigners department of the  legal firm.

Remedios will be responsible in the offices of Marbella and Algeciras to direct administrative services that DAVILA Y ASOCIADOS will provide from now on to foreigners and among them

- All those related to work permits
- Letter of invitation
- Family reunification
- Social ties
- Management of all types of residence permits.
- Obtaining student card.
- Residence renewal in Spain .
- Obtaining a tax identification number (NIE).
- Obtaining Spanish Nationality
- Processing Golden Visa in all its different types.

Ms. Bocanegra has already joined DAVILA Y ASOCIADOS and will handle the cases of foreign matters both in the office in Marbella and Algeciras and will be supported in its duty by all the lawyers members of the firm whose managing partner is Ramón Dávila Guerrero. Mr Davila Guerrero has completed 41 years of professional practice.

The office in Algeciras is located on Calle Cánovas del Castillo number 13, mezzanine,  and in Marbella the office will soon open new headquarters on Ricardo Soriano.

Marbella, 2017 Nov.
www.davilayasociados.es





jueves, 23 de noviembre de 2017

REMEDIOS BOCANEGRA SE INCORPORA AL DESPACHO DE ABOGADOS DAVILA Y ASOCIADOS EN MARBELLA

REMEDIOS BOCANEGRA, EXPERTA EN EXTRANJERÍA, SE INCORPORA A DAVILA Y ASOCIADOS EN MARBELLA.

Remedios Bocanegra, Experta en Extranjeria, será

la responsable del Departamente de Extranjeros  en el despacho de abogados DAVILA Y ASOCIADOS.


Remedios se encargará en las oficinas de Marbella y Algeciras de dirigir los servicios especializados que DAVILA Y ASOCIADOS prestará a partir de ahora a los extranjeros y entre ellos :

-Todos los relacionados con permisos de trabajo.
- Cartas de invitación
- Reagrupación familiar.
- Arraigo.
- Gestión de todo tipo de permisos de residencia.
-  Obtención de tarjeta de estudiante.
-  Renovación de residencias en España.
-  Obtención del número de identificación (NIE).
-  Gestión de la nacionalidad española.
-  Tramitación de la Golden Visa en sus diversas modalidades.

 La Sra. Bocanegra se ha incorporado ya de manera efectiva al despacho DAVILA Y ASOCIADOS y atenderá los casos de extranjería tanto en la oficina que esta firma legal tiene en la ciudad de Marbella como en la de Algeciras y se verá apoyada en su labor por los abogados que se integran en la firma cuyo socio director es el letrado Ramón Dávila Guerrero , abogado de los colegios de Málaga, Madrid y Cádiz y que este año 2017 ha cumplido 41 años de ejercicio profesional.

La sede del despacho en Algeciras se encuentra situada en la Calle Cánovas del Castillo número 13 entreplanta y en Marbella el despacho inaugurará próximamente nueva sede en la calle Antonio Belón número 4. piso 1º.


viernes, 17 de noviembre de 2017

MINISTERIO DE DEFENSA CONDENADO POR CESION ILEGAL DE TRABAJADORES

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CONDENA AL MINISTERIO DE DEFENSA POR CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES Y DEBERA  INTEGRAR A TRABAJADORES DE UN CONTRATA QUE PRESTABA SERVICIOS EN EL HOSPITAL SAN CARLOS DE CADIZ.

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 La sentencia que se puede ver  en el enlace que se incluye más abajo, ha sido dictada recientemente por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es el más alto tribunal de esta Comunidad,  condena al Ministerio de Defensa por CESION ILEGAL DE TRABAJADORES realizado en el Hospital San Carlos de San Fernando.

Como se puede comprobar con la lectura de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia  declara definitivamente que el Ministerio de Defensa incurrió en cesión ilegal de trabajadores.

La cesión ilegal de trabajadores ,  figura de comportamiento o actuación  ilegal en el ámbito de las relaciones laborales, también conocida como PRESTAMÍSMO LABORAL ( ya que una empresa presta trabajadores a otra normalmente mayor y más importante)  se encuentra prohibida por el articulo 43 y se considera tráfico prohibido, solo permitido en caso de Empresas Temporales de Trabajo. Es realmente  raro que se de en las Administraciones Públicas teniendo en cuenta  el sometimiento a los principios de legalidad y transparencia a los que están sometidas pero en el caso del Ministerio de Defensa se viene dando y consiste en que se usan como tapaderas contratas que en la práctica lo único o casi lo único que hacen es prestar los trabajadores mientras que las ordenes, decisiones e incluso medios de trabajo los pone el Ministerio, de manera que en la practica la dependencia y la efectiva prestación de servicios se hace de forma directa a la empresa principal que en esta caso era el Hospital propiedad del Ministerio de Defensa, siendo la contrata una mera intermediaria de mano de obra que carece de estructura empresarial adecuada para ser considerada como tal empresa.

Esta figura fue muy habitual en los años 80 y 90 especialmente en Astilleros y grandes empresas industriales y también de telecomunicaciones ( Nuestro despacho llevó varios casos contra Telefónica). Parecía desterrado este comportamiento ilegal aunque parece que el Ministerio de Defensa sigue un tanto apegado a viejos usos.

Pues bien la sentencia confirma la existencia de cesión ilegal de trabajadores y señala que no hay subrogación con el SAS que se hizo cargo del Hospital porque la contrata dió extinguido mediante despido con anterioridad a la integración del Hospital en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el contrato de las demandantes pero como se ha indicado antes condena a la integración en el Ministerio de Defensa o al abono de indemnización.

El texto completo de la sentencia puede leerse en el enlace siguiente :


https://issuu.com/home/social?username=ramondavilaguerrero&documentName=sentencia_recargo_prestaciones_juan

domingo, 29 de octubre de 2017

POLICIA LOCAL


JUAN CADENAS EL HEROICO POLICÍA LOCAL DE PUERTO SERRANO GANA LA PRIMERA BATALLA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN.

EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO DE JEREZ CONFIRMA QUE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ES DE APLICACIÓN A LA POLICÍA LOCAL


  • Efectivamente la sentencia del Juzgado Social 1 de Jerez de 19-10-2017 ha declarado nula la Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Cádiz que había desestimado la petición del Policia Local de Puerto Serrano Juan Cadenas que fué salvajemente agredido en el mes de enero de 2015. Esa denegación se basaba en que el INSS,siguiendo el criterio de la Inspección de Trabajo, consideraba que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no era de aplicación a la Policía Local.

  • Pues bien ahora el Juzgado Social anula completamente la Resolución del INSS y le ordena que dicte una nueva resolución resolviendo la solicitud del Policia Local sobre la base de que es de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevencion de Riesgos Laborales (LPRL) al accidente del Policia Local.

  • Previamente la sentencia acoge todos los fundamentos legales que le habían sido expuestos en la demanda presentada por DAVILA Y ASOCIADOS en nombre de Juan Cadenas, comentando especialmente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, de fecha 12 de enero de 2008 que ya condeno al Estado Español por no haber recogido en el derecho español de forma completa y adecuada la Directiva 89/291/CEE.

  • No hay por tanto la menor duda de que la Directiva indicada y la LPRL 31/95 son de aplicación a la Policia Local, razon por la cual los Ayuntamientos están obligados evaluar los riesgos de la policia local y en función de los mísmos adoptar las medidas de proteccion adecuadas en los términos previstos en dicha Ley y en las normas reglamentarias que se han dictado para su desarrollo y de manera muy especial las relativas a los centros de trabajo.

  • http://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-juan-cadenas-gana-segundo-asalto-judicial-201710271135_noticia.html.
http://www.diariodecadiz.es/provincia/lucha-Juan-Cadenas-justicia-continua_0_1183082180.html

miércoles, 30 de agosto de 2017

CUESTIONES PRACTICAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL


¿QUÉ MAYORÍA PRECISA ACTUALMENTE  LA INSTALACIÓN DE UNA PISCINA EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS?

La construcción de una piscina dentro de los elementos comunes ha sido un tema candente y que  ha traído, durante años, una notable vacilación jurisprudencial.

Sin duda, sobre esta controversia  marcó un punto de inflexión la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 5233/2008, de 9 de octubre (RJ 1791/2003) que decía que la construcción de una piscina en un elemento común requiere, en principio, para la validez del acuerdo de la Junta de propietarios, que se adopte por unanimidad. Los demandados en dicho litigio sostenían, en base al vigente artículo 17. 3 de la Ley de Propiedad Horizontal, que a través de la instalación se crea un servicio de interés general y es por ello que sólo precisaba el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Es decir, consideraba la Comunidad demandada que la obra se hacía para la satisfacción de un servicio de interés general, pues iba destinado al uso y disfrute de la mayoría de los propietarios.

Los propietarios disconformes, admitiendo que el servicio de interés general al que se refiere el aserto es un concepto jurídico indeterminado, recurrieron en casación por el único motivo de infracción del artículo 17 Ley Propiedad Horizontal (LPH).

El motivo fue admitido y estimado por el Tribunal Supremo disponiendo que la instalación de una piscina, que está relacionada con el recreo, el asueto o el esparcimiento, es algo que tiene carácter excepcional en una comunidad de vecinos que no va destinado necesariamente al interés general (como pudiera ser la instalación de un ascensor que facilita la accesibilidad de los vecinos a su vivienda) y es por ello que necesita la unanimidad de todos los comuneros en cuanto implica, generalmente, una alteración del Título Constitutivo.

No obstante, y dado que la meritada sentencia data del 2008 cabe plantearse la siguiente cuestión:


 ¿Es aplicable dicha doctrina en la actualidad?

Entendemos que no, ya que hemos de tener en cuenta que la LPH no ha estado exenta de reformas en estos años y fruto de la vorágine legislativa que padecemos desde hace años,  se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, modificando el artículo 17.4 cuya actual redacción luce del modo siguiente:
“Cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, se adopten válidamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la aplicación del correspondiente interés legal.
No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso.”
        Vemos como ahora el legislador, y a través de un artículo ad hoc, regula supuestos como la instalación de la piscina corrigiendo  la doctrina del Tribunal Supremo de octubre de 2008 flexibilizando la mayoría exigible, pasando del criterio de la unanimidad al de tres quintas partes.

        ¿Qué hacer si eres propietario y estás en contra de dicho acuerdo?

        Votar en contra y salvar el voto en la Junta de propietarios. Debemos tener en cuenta que si la obra de instalación supera el importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes el propietario disconforme NO RESULTARÁ OBLIGADO ni podrá ser objeto de modificación su cuota. Ahora bien, la comunidad tendrá pleno derecho a privarle o excluirle del uso de la piscina.

        ¿Sería definitiva esta situación?

        No, pues como dice el precepto el propietario, que la Ley llama disidente, si desea posteriormente participar en el uso de la instalación podrá hacerlo siempre que abone su cuota en los gastos de realización y mantenimiento.

DAVILA Y ASOCIADOS
ABOGADOS
DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL

MANUEL A. GOMEZ VALENZUELA

lunes, 14 de agosto de 2017

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CONDENA  READMITIR A UN TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES  DESPEDIDO POR REPRESALIA.


La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia de 5 de julio de 2017 ha confirmado la nulidad del despido practicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) sobre un trabajador que prestaba servicios como oficial administrativo en la Embajada Española en Doha (Qatar).

El trabajador de nacionalidad  de nacionalidad española fue despedido por el MAEC acogiéndose a la legislación de Qatar que no exige motivación alguna para efectuar despidos, después de haber sufrido un accidente de trabajo en la propia Embajada, al caer en una piscina vacia y sin protección alguna y habiendo denunciado ante la Inspección de Trabajo la falta de medidas de seguridad que concurrieron en su accidente, lo que dio lugar también a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictara una resolución estableciendo el derecho del trabajador a percibir un recargo sobre las prestaciones de la Seguridad Social del 35 por 100 precisamente por la falta de medidas de seguridad y contravención por parte del MAEC de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Pues bien el TSJ de Madrid, confirmando lo que ya había dictaminado el Juzgado de lo Social número 22 de Madrid,  ha rechazado completamente el recurso planteado por el MAEC y aprecia la vulneración del principio a la indemnidad de que fue objeto el trabajador y en consecuencia declara la nulidad del despido o literalmente de la resolución unilateral de su relación contractual laboral  por parte del empleador cuya actuación no fue anodina sino vulneradora de los derechos fundamentales que nuestra Constitución ampara y que no pueden desconocerse ni por los empresarios ni por los Tribunales españoles que siempre y en todo circunstancia deben observarlos y cumplirlos por su importancia fundamental en el desenvolvimiento armónico de la sociedad y en su existencia digna.

La sentencia finaliza afirmando categóricamente que estos derechos fundamentales  limitan la autonomía de los particulares ,desde luego en materia de derecho laboral al ser calificados el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación y al derecho a la tutela judicial efectiva como derechos fundamentales por los artículos 14, 24 y 35, los dos primeros y como derecho constitucional el tercero.


En definitiva la sentencia confirma la total violación del MAEC de los derechos fundamentales del trabajador, recibiendo la correspondiente y contundente condena judicial, lo que realmente dice poco de una Administración Pública. 

El procedimiento ha sido dirigido por el Director de nuestro despacho RAMON DAVILA GUERRERO, quien intervino en el juicio ante el Juzgado de lo Social numero 22 de Madrid y en los dos recursos de suplicación que se han producido en el presente caso,finalmente resuelto a favor de nuestro cliente.



DAVILA Y ASOCIADOS
ABOGADOS
DEPARTAMENTO DE DERECHO LABORAL  

sábado, 12 de agosto de 2017

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS NUESTRO DESPACHO DÁVILA Y ASOCIADOS PRESENTA DEMANDA RECLAMANDO INDEMNIZACIÓN EN FAVOR DE UNA TRABAJADORA BUCEADORA POR ACCIDENTE HIPERBÁRICO QUE PRODUCE INCAPACIDAD PERMANENTE.

El Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social de nuestro despacho, altamente especializado en la investigación de accidentes y en la reclamación de indemnizaciones producidas en todo tipo de accidentes pero en mayor medida en accidentes de trabajo, inicia una reclamación en nombre de una trabajadora buceadora de Las Palmas de Gran Canarias que sufrió un grave accidente mientras realizaba trabajos en inmersión, como consecuencia de la falta de medidas de seguridad que concurrieron como elementos causales del siniestro.

En este caso la Inspección de Trabajo ha emitido informe en el que se hacen constar una serie de graves infracciones de normativa aplicable al proceso de trabajo en inmersión y en los procedimientos establecidos para la descomprensión y evitación de accidentes hiperbáricos.
Como consecuencia de las lesiones producidas por la falta de una correcta descomprensión les graves lesiones que produjo a la trabajadora el accidente hiperbárico, la misma ha sido declarada en situación de Incapacidad Permanente Total para la Profesión Habitual por lo que naturalmente no puede realizar ya los trabajos propios de su profesión.

La demanda plantea la reclamación de una indemnización económica y se formula tanto contra la empresa directamente empleadora de la trabajadora como contra la compañía aseguradora y se tramitará en los Juzgados de lo Social de Las Palmas de Gran Canarias.


DÁVILA Y ASOCIADOS

ABOGADOS

DEPARTAMENTO DE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.